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(Video de Brian Mackern. La Muralla. Barrio del Carmen) ttp://vimeo.com/4932898



"Patrimonio histórico-artístico y participación ciudadana. Alrededor de la Ciutat Vella de Valencia". Josep Montesinos i Martínez

SOCIETAT I PATRIMONI, Societat i Patrimoni, 2, , Universitat de València, 2006, pp. 91-141.


Acercarnos al patrimonio histórico-artístico, y a lo que afecta a la ciudadanía, no es un ejercicio fácil. Esencialmente porque no se trata de un puro planteamiento teórico, o un análisis científico de la realidad, sino que en ese estudio también intervienen sentimientos, personas, familias, formas de vida y trabajo. El patrimonio forma parte de nuestro paisaje, de nuestras ciudades, de nuestra vida, y toda actuación en él nos afecta.

Las páginas que vienen a continuación pretenden ser una aproximación a las intervenciones en Ciutat Vella de Valencia en los últimos años, con una especial referencia a la actuación más reciente en el entorno de la muralla musulmana del barrio del Carmen. No podemos separar nuestra posición académica, que nos permite estudiar la realidad (el patrimonio analizado), de aquel punto de vista que, como ciudadano afectado por los planes urbanísticos y como militante vecinal, adoptamos (el patrimonio vivido, o mejor, padecido).

El centro histórico de la ciudad de Valencia es el espacio comprendido dentro del recinto de las antiguas murallas cristianas derribadas en la segunda mitad del siglo XIX. A partir de ese siglo hubo actuaciones que supusieron la liberación y reestructuración de espacios tras las desamortizaciones, junto con sucesivas ocupaciones de espacios libres (de huertos y jardines privados) para construcciones de viviendas. El siglo XX inaugura diversos proyectos: la plaza del Ayuntamiento sobre el antiguo espacio del convento de San Francisco derribado en el siglo anterior, algunos otros fallidos, como el de la avenida del Oeste, y otros. La riada de 1957 fue especialmente dura para algunas zonas de esta Ciutat Vella y, en concreto, para el barrio del Carmen, la continuación acelerada de un proceso de degradación y vacío demográfico que ha llegado hasta nuestros días. La ausencia de proyectos de conjunto, la permisividad constructiva durante el franquismo, la transformación radical de ese centro histórico, la diversidad de normativas y ordenanzas, las modificaciones de usos, la continua sustitución de población, la especulación, todo ello marcaba el camino hacia la desaparición, en suma, de la ciudad histórica.

La llegada de la democracia supone un punto de inflexión, y una nueva visión de la ciudad. Los ayuntamientos democráticos, a partir de la década de los setenta del siglo XX, pretenden frenar la dinámica que hemos apuntado en el párrafo anterior. Un dato a tener en cuenta es que a esta nueva visión de la ciudad en general, y del centro histórico en particular, no es ajeno el movimiento ciudadano, las reivindicaciones progresistas.

A partir de aquí, ciudadanos e instituciones plantean nuevas políticas urbanas. En resumen, los objetivos de esta nueva orientación se basan en el mantenimiento del patrimonio arquitectónico junto a la regeneración del tejido físico y social de esta parte de la ciudad.

La situación de partida, en este momento, de los diversos barrios de la Ciutat Vella era muy diferente: La Seu-Xerea, el espacio noroeste del centro, donde se articulan numerosos edificios monumentales, y en algunos puntos zona de residencia de prestigio; el barrio del Carmen se corresponde con una zona de residencia modesta, cuyo proceso de vacío demográfico es evidente, y que fue muy afectado por la riada de 1957; el barrio de Velluters, zona muy degradada, en parte, y con problemas endémicos relacionados con la prostitución y la droga; El Mercat, lugar de residencia modesta y con un equipamiento comercial desfasado; Sant Francesc es zona central, comercial y administrativa de toda la ciudad, con reformas sucesivas que configuran un espacio de “ensanche” dentro de la ciudad vieja.

La situación, en esos momentos de los años setenta y principio de los ochenta, era de un gran espacio degradado y con una continua pérdida de población, falta de servicios, obsoleta estructura comercial… La estructura demográfica de estos barrios presenta una línea a la baja, el espacio va siendo poco a poco abandonado por sus habitantes, que optan por otras zonas de la ciudad.

La caída no sólo afecta a la desaparición de población, sino que la especulación arrastra la destrucción de patrimonio (mueble, inmueble, inmaterial, natural), junto a la desaparición de las actividades productivas y comerciales tradicionales, y la pérdida de la memoria histórica.

En 1984 se establecen los Planes Especiales de Protección, y los de Protección y Reforma Interior de 1991. Los proyectos intentan identificar, y solucionar, la realidad de la Ciutat Vella. A principios de los noventa la situación viene definida por:
- Continua pérdida de población.
- Envejecimiento de la población residente.
- Terciarización de algunos de los barrios.
- Problemas de accesibilidad.
- Problemas de tráfico.
- Exceso y concentración de actividades de ocio, contaminación acústica.
- Bolsas de marginalidad.

En este orden de cosas, se establece el convenio de colaboración entre la Generalitat y el ayuntamiento de la ciudad para el Plan Integral de Rehabilitación de Valencia, el denominado Plan RIVA. En un primer plazo, se establece la actuación para el quinquenio 1992-1997. Se prolongó el Plan hasta 2002, con añadidos presupuestarios. Después de más de 10 años de Plan RIVA, ha habido una apuesta importante por la rehabilitación privada, mediante ayudas a las comunidades de vecinos y a los propietarios de las viviendas. Con rehabilitaciones parciales (fachada y cubierta), e integrales las menos, y numerosas exclusivamente interiores, y se han generado, además, dos unidades de actuación.

No obstante, estamos de acuerdo con la profesora Rosario Fernández-Coronado (2004: 125), quien apunta que, después de diez años de existencia del Plan RIVA, las zonas más problemáticas siguen siendo las mismas que a la firma del convenio: Velluters, Carmen y parte del Mercat. Añadiendo, además, que en ocasiones las actuaciones de la Administración han posibilitado en el entorno la desaparición poblacional, además de la eliminación comercial y artesanal.

No vamos a entrar en un análisis en profundidad de las actuaciones, pero sí a realizar una primera aproximación a algunas de ellas, dedicando más espacio a la generada cronológicamente en último lugar; tiempo habrá de analizar lo que ha supuesto el RIVA y sus acciones en estos años. No vamos a entrar en análisis parciales como la visión arqueológica del espacio, también muy criticada por los especialistas (Lerma, 2000), o las actuaciones sobre el patrimonio histórico-artístico en cuanto a rehabilitaciones y puesta en valor, que evidentemente necesitan de estudios parciales. Un análisis en profundidad habrá que realizar en un futuro sobre la continua polémica del IVAM (Institut Valencià d’Art Modern), edificio e institución que entraron en el barrio con la gran expectativa de ayudar a la regeneración, y hoy en día sus ampliaciones, necesidades de expropiación y demás lo mantienen contestado no sólo por los vecinos sino también por los especialistas.

Actuaciones “supermillonarias” como la de Velluters han demostrado que tras la acción siguen los mismos problemas endémicos del barrio, pero, eso sí, ya no hay vecinos en un amplio entorno del mismo, y sí muchos solares, a más de una alteración tal del paisaje urbano que ha hecho desaparecer el denominado centro histórico para convertirse en un barrio céntrico, en acertadas palabras del arquitecto Jorge Palacios.

El plan de Velluters, su filosofía, génesis y resultados han sido puestos en tela de juicio; para el arquitecto Fernando Gaja (2003), “l’estratègia aplicada per l’Oficina RIVA mostra en la seua intervenció al barri de Velluters […] la ideologia i els objectius dels seus promotors. Aferrats en unes idees obsoletes, que ja fa temps que van abandonar la major part de les Administracions més cultes i civilitzades d’Europa, més preocupades pels aspectes socials, i menys orientades a fer de l’activitat empresarial (reduïda al foment del sector immobiliari i constructor) l’objectiu principal”. Mientras, los vecinos, junto a diversas asociaciones cívicas y culturales (asociación de vecinos La Boatella, Amigos del Centro Histórico), denunciaron los indiscriminados derribos y las consecuencias del Plan.

Los vecinos se enfrentan a una realidad generada por la actuación, cuyas consecuencias sociales y patrimoniales son injustificables en palabras de Juan Manuel Vera, de la asociación de vecinos El Palleter, del barrio de Velluters. En el barrio no sólo se ha alterado la trama, seccionando el barrio en dos, sino que no se han solucionado los problemas endémicos del entorno y además se han generado otros: “Las viviendas destinadas al realojamiento de las numerosas familias afectadas por las expropiaciones no se han edificado o permanecen vacías, deteriorándose en espera de que unos vecinos obligados a practicar el nomadismo las ocupen”, o “por no hablar de la revalorización que ese suelo va adquiriendo a cada instante y que habla a gritos de la decisión de especular antepuesta a la de invertir en ciudad y para los ciudadanos”. Y, respecto al patrimonio arquitectónico, “reducción del patrimonio arquitectónico a islotes incomunicados, más valorados como iconos de las empresas restauradoras que como testigos históricos de la evolución y pluralidad de nuestra colectividad” (Vera, 2004). Esta es la opinión y sentimientos de los vecinos organizados sobre el Plan RIVA en Velluters y doce años de actuaciones en el barrio.

Otra actuación significativa por parte de la Administración en el centro histórico es la de la plaza del Árbol. Hace doce años, sobre la manzana comprendida entre la plaza del Árbol, calle de Santo Tomás, Cobertizo y calle Baja, fueron desalojados los pocos vecinos que quedaban y expropiadas las fincas que componían dicho espacio. En ese momento eran varias las actividades económicas que se realizaban en la plaza: peluquería, horno, relojería, más algunas en las calles adyacentes. Pronto se derribaron los edificios y un inmenso solar se abrió en pleno barrio del Carmen. Doce años después aún se puede ver el solar “de la vergonya”, lo han titulado los vecinos. Hoy en día sólo un bar queda en el entorno, han desaparecido todos y cada uno de los comercios, y muchos de los vecinos. ¿Era necesaria la actuación hace 13 años?, cuando en realidad se va a llevar a cabo más de un decenio después. ¿No hubiera sido mejor mantener la población y actividad hasta el momento de la actuación, y sólo entonces? O, incluso, ¿era necesaria dicha actuación? El solar de la plaza del Árbol ha sido la vergüenza de un proyecto, de unos métodos, cuyos objetivos fueron vendidos como la regeneración del barrio. Después de la actuación de la Administración, esa zona, antes viva, aparece hoy como un desierto. Actualmente, por fin se está construyendo en dicho solar.

Pero vamos a detenernos algo más en la última actuación generada por la Oficina RIVA. Nos referimos a la que se viene conociendo por la “de la muralla”. A principios de 2003, los vecinos del barrio del Carmen de la ciudad de Valencia se enteran a través de los medios de comunicación de la existencia de un plan de modificación del PEPRI en el entorno de la muralla musulmana. Básicamente se actúa sobre las unidades de actuación núms. 6, 7, 8 y 10, todas ellas en el entorno de algunos de los restos de muralla musulmana, más la número 22, situada en la manzana de Guillem de Castro-Llíria-Gutenberg. Los vecinos del entorno llevan desde los años 70 reivindicando la rehabilitación del lienzo de muralla de la plaza del Ángel. Si bien no es el único resto del muro de la Balansiya islámica que aún se conserva en la ciudad (los hay además de en El Carmen, en El Mercat, Sant Francesc y Seu-Xerea). Es por todo ello que en principio los vecinos piensan que por fin se va actuar positivamente sobre el entorno. Pero cuál no es la sorpresa cuando al visualizar el proyecto observan que lo primero a hacer es la expropiación de edificios, la salida de los vecinos y la construcción en su lugar de equipamientos. ¿Qué equipamientos?, nadie lo sabe.

Los vecinos comienzan a hacer llegar a la Oficina RIVA centenares de alegaciones al proyecto, pronto las organizaciones vecinales piden la retirada del mismo, se crea una asociación de afectados () (Català, 2003). En este sentido y a modo de resumen, los argumentos de alegación pretendían basarse en la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, la Constitución Española de 1978 y diversas normativas europeas y de la UNESCO, haciendo hincapié en los mismos objetivos y compromisos del Plan RIVA. Además de justificaciones técnicas y personales que pretendían poner en evidencia el incumplimiento por parte del RIVA de sus obligaciones y convenios, así como hacer ver que lo expuesto en el Plan como objetivos luego no era tenido en absoluto en cuenta. Es evidente que la visión del vecindario es variada según su formación y situación, pero el resumen es que el Plan era visto por los ciudadanos como un “despropósito” que afectaba negativamente a su economía, a su vida familiar, al barrio, por ejemplo, sobre la población:
– El Plan RIVA tiene entre sus objetivos mantener la población que habita en el centro histórico y atraer nuevos habitantes. En este sentido, el cambio de titularidad del suelo, de residencial a equipamientos, que plantea la modificación del PEPRI, suponía la salida de sus casas de numerosas familias.
– El Programa Restauro, para el centro histórico de Valencia, indica:
o Mantenimiento de la población residente y atracción de nuevos habitantes.
o Mejora de la calidad de vida de la población.
o Dar participación a los agentes urbanos existentes y, en particular, a aquellas asociaciones que representan a los habitantes y comerciantes de la zona.

Es evidente que el cambio masivo de suelo suponía para los vecinos la pérdida de sus viviendas y formas de vida. En absoluto mejoraba la calidad de vida, sino que los sumía en la angustia, preocupación y frustración ante uno de los elementos más valiosos para su propia calidad de vida, la vivienda de la que hasta ahora disponían.

Otras alegaciones diversas se orientaban a:
 La inexistencia de informe de impacto ambiental. Art. 11 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.
 Incumplimiento del artículo 21.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, de 25 de junio de 1985, en cuanto que la conservación de los bienes de interés cultural comporta el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica así como las características generales de su ambiente. En este sentido, el Plan proyecta itinerarios alternativos.

Art. 39.2a. “Se mantendrá la estructura urbana y arquitectónica del conjunto y las características generales del ambiente y de la silueta paisajística. No se permitirán modificaciones de alineaciones, alteraciones de edificabilidad, parcelaciones ni agresiones de inmuebles, excepto que contribuyan a la mejor conservación general del conjunto.”

– Algunas alegaciones planteaban lo ilógico de “vaciar y derribar edificios que durante siglos han estado anexos a la muralla musulmana, que forman parte de su historia y evolución, para dejar los paños que quedan en pie completamente exentos y descontextualizados, cuando manteniendo las viviendas y los talleres artesanos, la riqueza del conjunto histórico es mucho mayor...”

– El Plan propone incluso la descatalogación de edificios hasta ese momento con nivel de protección. “Supone derribar parte de la memoria histórica del barrio [...]; la Administración, en su momento, reconoció el valor arquitectónico de estos edificios, y ahora les niega la protección, planteando su derribo, ¿por qué?”

– Algunos alegantes plantean: “¿No sería más beneficioso para el barrio rehabilitar las viviendas existentes, compatibilizando su uso residencial con la serie de equipamientos, y al mismo tiempo dar a conocer la muralla desde los espacios libres que ya existen?”

– La modificación del PEPRI vulneraba, en opinión de los alegantes, diversas recomendaciones de la Conferencia General de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (19.ª reunión, Nairobi, 1975): “Cada conjunto histórico y su medio deberían considerarse globalmente como un todo coherente...” La misma Ley de Patrimonio (art. 39.2d) plantea: “Se determinará las posibles zonas de rehabilitación que permitan la recuperación del área residencial y de las actividades económicas compatibles con los valores del conjunto.” ¿Qué área residencial iba a recuperarse con la salida de los vecinos?

– La actuación producía, además, inseguridad. Personas que viven toda su vida en el barrio, que tienen sus viviendas en condiciones, son obligados a abandonar sus casas, sin ninguna garantía. Incluso hay personas que a lo largo de estos años han comprado su piso en el barrio del Carmen y lo han rehabilitado con las ayudas del RIVA. Y ahora que está regenerado el piso o el edificio, ven como el mismo RIVA los expulsa de sus legítimas casas (Montesinos, 2002).

– Siguiendo con la Carta Internacional para la Conservación de Poblaciones y Áreas Urbanas Históricas, “la mejora del hábitat debe ser uno de los objetivos básicos de la conservación”. En este caso, la modificación supone la destrucción del hábitat, numerosas familias debían dejar sus viviendas.

– El Programa Restauro, en el apartado de objetivos urbanísticos, indica “la no alteración de la percepción histórica”. En el proyecto se altera la trama, se derriban edificios para hacer pasos hasta el momento inexistentes.

– Siguiendo con el programa europeo Restauro, otro de los objetivos es el fomento de la actividad comercial. Sin embargo, con el proyecto desaparecía toda la actividad comercial del entorno de la plaza del Ángel (la mayor actividad del entorno en ese momento), elimina comercio tradicional y el artesanado.

– La excusa arqueológica de la actuación sobre la muralla musulmana ha quedado clara en documento presentado por el Colegio de Doctores y Licenciados, apoyado además por el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universitat de València. El título de dicho documento es significativo: “No en nuestro nombre”. Una cosa es la arqueología y otra la barbarie urbanística: “Se ha llegado a utilizar el término chapapote para definir las construcciones posteriores a la muralla […] creemos que las casas adosadas a la muralla son también patrimonio arqueológico [...] nosotros sólo podemos dar unos consejos a los responsables del proyecto. Si así lo han decidido, urbanicen siguiendo los mismos criterios que en los siglos XIX y XX quisieron arrasar el casco histórico […] pero no digan que lo hacen en nombre de la arqueología; modifiquen el paisaje urbano y llévense a los vecinos donde piensen que vivirán más felices, pero no digan que lo hacen para poner en valor el patrimonio; eliminen los edificios históricos que consideren que sea necesario para crear un nuevo urbanismo, pero no digan que lo hacen sabiendo exactamente lo que eliminan. Y por favor, no les llamen chapapote. No en nuestro nombre.” (Levante - El Mercantil Valenciano, 11 de mayo de 2003, pp. 4-5, también en .)

Sobre la participación ciudadana:
– El Plan RIVA, siguiendo directrices internacionales, indica: “Lograr que en la intervención participen los distintos agentes sociales”. Este objetivo había sido totalmente incumplido, no ha habido ni información a los vecinos, ni participación ciudadana.
– La Carta Internacional para la Conservación de Poblaciones y Áreas Urbanas Históricas, adoptada por ICOMOS, indica: “La participación y el compromiso de los habitantes es imprescindible para lograr la conservación de la población o área urbana histórica y deben ser estimulados. No se debe olvidar que dicha conservación concierne en primer lugar a sus habitantes”. En este sentido, la no participación de los habitantes en el proyecto, el hecho de ser los primeros perjudicados al tener que abandonar sus casas, de que su perjuicio no redunda en el bien del patrimonio ya que las actuaciones para poner en valor la muralla musulmana no tienen por qué sacar a los vecinos de sus viviendas, supone a corto, medio y largo plazo la pérdida de confianza entre los administrados y los administradores.

Los vecinos pedían la retirada de dicho plan, pero desde el primer momento dejaron claro que sí que deseaban una actuación sobre el entorno. Los mismos afectados alegaban: “Con este plan desproporcionado, tanto en la forma como en el fondo, estamos perdiendo una oportunidad histórica de poner en valor los fragmentos de muralla musulmana de la ciudad de Valencia, de la Balansiya islámica. Además de revitalizar esta parte del barrio del Carmen. Si el entorno se ha conservado, si los restos de muralla han llegado hasta nosotros no ha sido por la Administración, sino por los vecinos que lo han dotado de sentido, que tienen sus casas junto a ella. La conservación de la muralla, la creación de espacios interiores para su contemplación y disfrute es perfectamente compatible con el mantenimiento del actual tejido social. Con un plan dialogado, con la participación de los afectados, con una actuación exquisita hacia el entorno, hacia el patrimonio, hacia los habitantes, la Administración habría podido realizar una acción de la que la ciudad, el patrimonio, los ciudadanos, todos hubiéramos salido beneficiados.”

Las situaciones personales y familiares que producía la actuación eran irreversibles: expropiaciones, descatalogaciones, derribos, desplazamientos y dispersión de familias. Son significativos los sentimientos de los vecinos, como nos muestran las siguientes palabras: “A las familias explíqueles por qué han de padecer la angustia que están sintiendo, por qué han de padecer el quebranto económico que les van a provocar, por qué, cuando se consiga lo que ellos desearon toda la vida, dignificar el barrio y hacer visibles y por lo tanto apreciables sus monumentos [...] ellos no podrán disfrutarlo” (Álvarez, 2003).

Se hacía evidente para los afectados, para las asociaciones ciudadanas y para técnicos que la modificación puntual que ahora se pretendía consagraba una vez más los principios urbanísticos de esponjamiento y desarraigo social que comporta una apuesta por un masivo cambio de usos, todo hacia una atracción meramente turística y nunca como el documento histórico que es y en un entorno vivo.

El proyecto generó un rico debate, charlas, mesas redondas, jornadas, y constatada presencia en los medios de comunicación.

El 8 de mayo de 2003 se celebró en la Universidad Politécnica de Valencia un debate en el ETSA (Taller d’Urbanisme), coordinado por Joan Olmos. El debate resulta de sumo interés, pues deja clara la posición de cada una de las partes: los técnicos de la Oficina RIVA defienden su proyecto y el resto de participantes lo rechazan. Significativa es la intervención del arquitecto Fernando Gaja, quien critica la actuación del entorno de la muralla: “Las estrategias aplicadas en Velluters y que ahora quieren volver a aplicarse en el Carmen están alejadas de todo lo que está pasando en la sociedad contemporánea […]. Una forma de intervenir que no es un hecho aislado, y que se ha aplicado en mayor escala y de forma más contundente en el Cabanyal”. En dicho debate, el arquitecto Fernando Gaja recalcó que en una actuación urbanística de estas características los vecinos nunca son el “problema”, sino la “solución”.

En el ayuntamiento de la ciudad se presentó moción para la retirada del Plan; no obstante, el grupo de gobierno planteó un texto que, partiendo del presentado, pretendía llevar un nuevo proyecto consensuado con los vecinos. En el mismo pleno fue posible la intervención de los vecinos (Montesinos, 2003). Fue este un primer momento en el que se comenzó a abrir camino hacia la participación, y fue recibido con satisfacción y esperanza por parte de los vecinos.

Pero la participación ciudadana no sólo se quedó en la presentación de alegaciones, en la protesta, en la barricada; se generaron decenas de artículos de prensa, reuniones vecinales, y sobre todo se comenzó a trabajar en proyectos alternativos. Ya la asociación artesana Labor Art había presentado un proyecto para el entorno, especialmente referido a la actividad artesanal (March, 2002). Especialmente elaborado fue el proyecto alternativo del taller de arquitectura de Jorge Palacios, quien, con los vecinos, demostró que otra realidad era posible. Una acción con respeto al entorno urbano, que mantuviera y protegiera los talleres artesanos, que regenerara el espacio, que pusiera en valor la muralla islámica para disfrute de los ciudadanos. El equipo Esfera, conformado por técnicos de patrimonio, historiadores del arte, historiadores, arqueólogos y técnicos de gestión cultural, también presentó un proyecto alternativo en colaboración con los vecinos; proyecto que fue premiado en la edición anual de Urbe Desarrollo (Pacheco et alii, 2003).

Sin embargo, hasta ese momento no había interlocutor político que atendiera ese clamor. Esto cambió con la llegada a la Dirección General de Arquitectura de un nuevo responsable, que también lo es del RIVA: Fernando Mut. Supuso, de hecho, el comienzo del diálogo con los ciudadanos (Mut, 2003) a través de la comisión de seguimiento. La misma estableció una serie de objetivos en los cuales Administración y ciudadanos están de acuerdo. Los acuerdos de base para el trabajo de la comisión de seguimiento, formulados por el director general, y como resumen, fueron:

Respecto al uso residencial:
1. Mantenimiento de la población residente en el barrio.
2. Primacía del uso residencial como fundamento de la intervención.

Respecto a las dotaciones y equipamientos:
3. Impulsar la creación de dotaciones y equipamientos de barrio.
4. Mantenimiento de la actividad económica existente con especial atención a los bajos comerciales. Potenciación de actividades artesanales especializadas.

Respecto a la vivienda, edificación y escena urbana:
6. Mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas existentes.
7. Mantener el catálogo de edificios aprobado.
8. Mejora de la imagen y adecuación a las características formales del entorno histórico de los edificios residenciales existentes.
9. Normativa de la integración de las edificaciones de nueva planta al entorno de la zona objeto de planeamiento compatible con las características morfológicas y sintácticas de las preexistencias edificadas.
10. Mantenimiento general de la trama urbana.
11. Recuperación para disfrute público de la muralla musulmana.

Respecto a la participación ciudadana:
12. Promover la participación ciudadana a lo largo del proceso de planeamiento y de realización de las actuaciones diseñadas.
13. Creación de una comisión de expertos pluridisciplinar de carácter consultivo para el seguimiento de las actuaciones programadas.
14. Integración y coordinación de las diversas administraciones actuantes.
Se abría así una oportunidad para realizar un plan en consenso, una ocasión histórica para la zona, para la participación. La actuación en ese entorno es de sumo interés, no sólo por la existencia de alguno de los mejores testimonios de las defensas musulmanas (Badía-Pascual, 1991), sino de la misma estructura urbana. Al mismo plan se le reconoce bajo el nombre de Plan de la Muralla, pero nada más lejos de la realidad. Es cierto que en su espacio existen algunos elementos de dicho sistema defensivo, pero no es menos cierto que restos de esas defensas se extienden en un círculo interior dentro de la Ciutat Vella, y quedan fuera de dicho “plan” elementos próximos de sumo interés como es la conexión con el río hacia la puerta de Al-Qantara, y los restos de la esquina Caballeros - plaza de San Jaime. Respecto a la estructura urbana, conforma una trama construida a lo largo de siglos y que nos ha dejado huellas que plantean no pocas hipótesis. El momento de la actuación puede ser una buena oportunidad para confirmar algunas de ellas, pero sobre todo para estudiar la realidad de un entramado urbano de sumo interés (González, 2000). También el estudio de las ampliaciones urbanas posteriores a la conquista en espacio comprendido entre la antigua muralla musulmana y la nueva cristiana del siglo XIV. Además de poder estudiar en el callejero la red de caminos vigentes en el pasado, condicionando el entramado actual, o las redes de acequias (Teixidor-Domingo, 1989). Todo un sinfín de posibilidades que sólo equipos interdisciplinares podrán llevar a cabo y que beneficiarán a la ciudad, a los ciudadanos, al patrimonio. Pero siempre desde el respeto a lo preexistente, a la ciudadanía. Con sensibilidad y sostenibilidad, y no para desplazar personas, derribar edificios, crear solares, “no en nuestro nombre”, como bien dicen los arqueólogos.

El nuevo consenso fue presentado el miércoles 11 de febrero de 2004 en los locales de la asociación; no obstante, hoy en día aún no se ha aprobado el plan. En este momento, cada unidad de actuación está siendo analizada y elaborada por equipos al frente de los cuales hay un arquitecto, con la participación de arqueólogos en las actuaciones. Los nuevos técnicos incorporados al proyecto están en contacto con los vecinos para la obtención de información, para la resolución de problemas, para la selección de alternativas. ¿Por qué no se hizo esto desde el principio? Nos parece un esquema de trabajo no exento de problemas, pero motivador, que permite el trabajo interdisciplinar, que posibilita la participación y que tiene al ciudadano en su relación con el patrimonio como el primer elemento de la actuación.

Debería extenderse el modelo a otras acciones, ya que los problemas del barrio son muchos. Entre ellos el ruido, con una presencia masiva de visitantes nocturnos a las más de 60 terrazas y locales, más de la mitad con ambientación musical, algunos sin autorización; recientemente se ha solicitado la declaración de zona acústicamente saturada (ZAS) por parte de la asociación de vecinos Amics del Carme. Además de otros inconvenientes endémicos como el botellón, la suciedad, el menudeo de droga, decenas de solares, falta de aparcamientos, problemas de tráfico…

A fecha de hoy, julio de 2005, aún persiste la preocupación por el futuro, pues el nuevo plan aún no se ha aprobado, como hemos indicado, y muchos vecinos esperan con impaciencia la posibilidad de rehabilitar su vivienda, con el deseo de continuar en lo que han sido sus casas por varias generaciones. Hay una confianza mutua entre la Administración y los vecinos a lo largo del proceso de participación en el plan de la muralla, y habría que aprovechar la dinámica para poder hacer un buen proyecto y una buena gestión: en ello estamos. Además hay otro hecho positivo: alrededor de la Plataforma Ciudadana han surgido diversos proyectos y realidades como página web, cursos de alfabetización informática para los ciudadanos, equipos de realización audiovisual que han efectuado cortometrajes y vídeos de larga duración, itinerarios culturales por el entorno, talleres artesanales, talleres de creación literaria… Además, se han generado centenares de noticias, fotos, grabaciones audiovisuales, documentos, junto a donaciones de fotos históricas, objetos, herramientas…, todo un conjunto que se va a integrar en el Arxiu Històric del Barri del Carme, como otra de las acciones que han surgido a raíz de la Plataforma de Participación Ciudadana de la Muralla.

La participación ciudadana ha sido elemento clave en el proyecto antes comentado, y deseamos que continúe en este caso, pues se ha demostrado interés tanto por los vecinos como por la Administración. Pero es un hecho que la participación ciudadana en otras actuaciones no ha sido suficientemente atendida y los resultados, creemos, son, en general, desalentadores en nuestro entorno (Fernández-Coronado, 2004: 126).

Por una parte, la participación es elemento de obligado cumplimiento para la Administración en la aprobación y gestión de los planes; sin embargo, instalada en el contexto de la toma de decisiones políticas “responde a un interés de las estructuras de poder [...]; la participación puede ser utilizada para legitimar, a ojos de la sociedad, decisiones tomadas de antemano o cuyos canales de decisión no pasan precisamente por la ciudadanía a la que se invita a participar, ejerciéndose así lo que podríamos denominar una «participación justificacionista». En este sentido, el proceso participativo puede convertirse en un trámite más de los procesos urbanísticos” (Valera, 2004: 135).

La participación no es ni un fin ni un medio, forma parte del proceso, o debería. Y, fundamentalmente, la participación no debe ser impuesta desde arriba, sino consensuada con los protagonistas. Los niveles de participación pueden ser diferentes según los colectivos o problemas. Participar no es sólo que los ciudadanos se enteren de lo que se les viene encima, y puedan presentar alegaciones, es mucho más. Es aportar soluciones a los problemas, al diseño de la ciudad, o incluso evitar los problemas. Y como indica Valera (2004: 146), “la implicación de las personas en la toma de decisiones urbanísticas repercute positivamente en el sentido de la apropiación del espacio, de identidad social urbana, y en la adopción de comportamientos más respetuosos, comprometidos y sostenibles en relación con el entorno”.

Es pues, la participación, elemento reconocido y necesario en los procesos. Entra dentro de lo que es correcto en política, de “lo políticamente correcto”, y en ocasiones en los proyectos se explicitan estos elementos. Pero, ¿qué hay detrás de ello? Como bien apuntaba Valera i Pertegàs, un trámite más. ¿Se ha contado con los ciudadanos?, ¿se han realizado verdaderos estudios de la afección social del proyecto?, ¿se ha contado con los afectados?

Vemos que el reconocimiento de la participación ha resultado una realidad nominal y casi nunca real. Sin embargo, el análisis del lenguaje de los proyectos y la defensa que de los mismos hacen los autores muestra un lenguaje en el cual la participación está presente, pero que no resiste una constatación con la realidad. En este sentido, es de capital interés el trabajo de las profesoras Labarta y Todolí (2005), que ponen en evidencia lo que se esconde detrás de ese lenguaje “políticamente correcto”.

En todo proyecto hay una visión política, y que en última instancia tiene el poder de la decisión, pero los proyectos los realizan técnicos concretos. Es de sumo interés el análisis de las posiciones de los redactores de los proyectos, y de los técnicos de la Administración, sobre todo en su relación con la participación. Este nivel ha resultado, en ocasiones, un obstáculo. En el comentado trabajo de la profesora Fernández-Coronado (pp. 130-131), sitúa dos posiciones discursivas entre los técnicos:
- Por una parte, aquellos que consideran las propuestas insuficientes e inadecuadas: “Se reclama un cambio en los instrumentos de participación clásicos, capaz de arbitrar los medios adecuados para que la voz del ciudadano se pueda sentir en todo el proceso de la rehabilitación”.
- Por otra parte, una segunda opinión de los técnicos/profesionales que argumentan “que la participación de los afectados sólo conduce a retrasos, problemas, malas y desvirtuadas actuaciones, aumento de gastos...”

Son más abundantes los segundos que los primeros. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar inmersos en un proceso de actuación sobre un espacio urbano, y cuando después de numerosas reivindicaciones ciudadanas se ha abierto paso a la participación, nos hemos encontrado con algunos técnicos más proclives a la segunda visión que a la primera.

Generalmente, nos encontramos con técnicos que, en muchas ocasiones, desconocen la realidad de los barrios, practican un urbanismo sobre plano; en ocasiones, la realidad de los estudios sociales es inexistente o incompleta. No sería justo extender estas características a todos los técnicos: otros muestran no sólo unos conocimientos técnicos de nivel y una sensibilidad social digna de reconocimiento. Sin embargo, no es una lucha entre técnicos y vecinos, o al menos no debería serlo. Los técnicos son necesarios, pero su acción debe también circunscribirse a la participación, las opciones técnicas también son opinables, hay otras alternativas. Es una relación necesaria y posible (Català, 2003).

La separación entre Administración y administrados tuvo uno de sus puntos más álgidos el jueves 12 de junio del año 2003, a las 12 horas, momento en que vecinos de diferentes barrios de la Ciutat Vella, realizan un lanzamiento de tomates a la Oficina RIVA. La “tomatina” nos muestra el grado de “cabreo” de los ciudadanos respecto a quienes deberían velar por la rehabilitación, por la protección del entorno. Los vecinos no sentían el Plan RIVA y la oficina donde se gestiona como un lugar al servicio de los ciudadanos, sino que padecen en sus vidas la “gestión” de dicha institución. El mal llamado plan de la muralla, que afectaba a más de un centenar de vecinos que perdían sus casas, la actuación de la plaza del Árbol, lo que había sucedido en Velluters..., el vaso se había desbordado.

Sin embargo, una nueva gestión del Plan, con la apuesta del Ayuntamiento por la participación, la creación de la comentada comisión de seguimiento, cambió la dinámica y abrió nuevas posibilidades a un nuevo plan consensuado, con respeto al patrimonio, al comercio, al artesanado. Este puede, debe, ser el camino. Participación ciudadana que debería extenderse a otros espacios de la ciudad y del país (El Cabañal, La Punta, Ruzafa, l’Horta…).

La toma de decisiones debe aproximarse a los ciudadanos, la democracia no consiste sólo en votar cada cuatro años, no debemos transformar nuestra democracia en una dictadura electiva, con derecho de impunidad. Los medios de comunicación tienen también un protagonismo en estos procesos —la libertad de prensa, la investigación periodística—, al servicio de esta participación. Y sobre todo los ciudadanos ya no callan, gritan sus derechos, y exigen de sus representantes la solución de problemas, no la creación de los mismos.

Las acciones urbanísticas, el desarrollo económico, no deben dañar el entorno ambiental. Las actuaciones deben realizarse con respeto a la ciudadanía, no deben silenciarse los costes sociales; es más, deben evitarse al máximo. La sostenibilidad no es sólo un concepto, debe ser una realidad: el equilibrio entre el patrimonio, las actividades económicas, los ciudadanos.

La clase política ganadora de unas elecciones no es la patente de corso para actuar impunemente. Los ciudadanos tienen el derecho de participar en aquello que les concierne. En la Agenda Hábitat España, del Ministerio de Fomento, presentada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos Hábitat II (Estambul, junio de 1996), la Administración adquiría el compromiso en la gestión democrática de los ayuntamientos, el desarrollo de sistemas de participación ciudadana en la toma de decisiones, en la elaboración de programas, la ejecución de actuaciones y la gestión de servicios. Y ello comporta la transparencia y publicidad en las decisiones, formación de los ciudadanos en temas que les afecten, recogida de las aportaciones de los diversos grupos sociales, incluso referéndum si ha lugar. La verdadera, la única democracia se practica diariamente, buscando solución a los conflictos, dialogando, participando. Como vemos, hay mucho por hacer.

Entre los efectos negativos de estas actuaciones urbanísticas están los aspectos patológicos del problema. El estado anímico de los afectados es fácil de imaginar. El doctor Juan Ángel Ramos, psiquiatra del Hospital Provincial de Castellón, en un informe psiquiátrico de 2004 revela la existencia de un síndrome generado por la amenaza de perder sus casas o propiedades por un proyecto urbanístico. En este tipo de depresión, “el vecino se entera de que su casa va a ser demolida independientemente del estado en que se encuentre y de que en ella hayan vivido sus padres y abuelos. Y se enteran de que lo han decidido convecinos suyos (concejales, políticos) que no saben contestar, dicen que es por su bien o alegan que no se puede hacer nada porque es la ley” (Levante, 4 de marzo de 2004, p. 43). El doctor Ramos propone “llamarlo síndrome de Castelló, que consiste en una desesperanza vaga y flotante, un abandono del espíritu de lucha, entrando en una resignación crispada con alteraciones de las relaciones familiares”.

Siguiendo con los estudios del doctor Ramos, el vecindario afectado por estas actuaciones puede llegar a una percepción persecutoria, en algunos casos se puede llegar a la agresión. Además, se da anhedonía (falta de autoestima y búsqueda de placer), por la desaparición de los referentes históricos (Levante, 4 de marzo de 2004, p. 43).

En algún momento, lo que sucedía en la ciudad puede resumirse, en gran parte, en las palabras del que fue alcalde de Valencia: “El oligopolio sin competencia se ha adueñado del espacio urbano, para solaz de los especuladores sin paliativos, con el asesoramiento de los autores de la ley, y de sus primeros aplicadores. La revisión está servida. Hoy la ciudad es presa de aquellos y otros saqueadores. Algunos alzan sus voces, tan clamorosas como sus silencios ante otros saqueos” (Ricard Pérez Casado, El País, 17 de noviembre de 2002).

La ciudad, la arquitectura, debería estar al servicio de la ciudadanía. “En la arquitectura vive, disfruta o padece la gente. Pero la arquitectura es también un arte lleno de significado, a veces lleno de belleza pero también puede producir rechazo. Y precisamente este significado, que nos introduce en el poder de las emociones, existe por el contenido y fin social tanto de la arquitectura como de la ciudad. Y de ahí su grandeza. Nos puede hacer desdichados un espacio construido, pero también puede hacer que sus ocupantes se sientan a gusto en él… Para ello es necesario una política de sostenibilidad, [...] imposible llevarla a cabo sin la participación y el asentamiento de la ciudadanía” (Simó, 2004).

Todo este proceso tiene consecuencias muy negativas entre la población: inseguridad, enfermedades, afecta a la vida personal y familiar, a la economía. Mientras se siga diseñando desde los despachos, desde que se inicia un proyecto hasta que se lleva a cabo (si es que se lleva) pueden pasar años; en este período los espacios se van degradando, los ciudadanos van abandonando la zona, los especuladores toman posiciones… Esto es lo que produce este tipo de actuaciones.

Hemos intentado aproximarnos a una visión de la Ciutat Vella, a las últimas actuaciones de la Administración sobre la misma. Es un espacio característico y definitorio de Valencia, imagen que es en gran parte el icono de la ciudad. ¿Los valencianos deseamos mantener lo que la historia nos ha legado? Pienso que sí, pero el patrimonio histórico-artístico sólo tiene sentido si se sitúa en un entorno vivo, donde las actividades culturales conviven con las sociales, comerciales, con las viviendas, con los ciudadanos. Aún estamos a tiempo de salvar lo que queda (que no es poco). Pero hagamos que todas y cada una de las actuaciones de revitalización de esta nuestra Ciutat Vella cuenten con la participación ciudadana y con el trabajo de equipos interdisciplinares.

Es necesario profundizar en la cultura democrática. Los ciudadanos son el primer patrimonio de la ciudad. En aras del bien general no se puede obligar a otros al desarraigo social, a la ruina económica. Decidamos juntos el presente y construyamos el futuro. Nuestra Ciutat Vella, testigo y muestra de nuestra historia, la queremos viva, hermosa, para nuestros hijos, para los visitantes, para nosotros.

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